dilluns, 6 d’abril de 2020

Propuesta de una renta mínima para personas desempleadas y ayudas del gobierno por la crisis del Coronavirus




Parece que el gobierno está trabajando en un proyecto inminente de renta mínima. Una medida para ampliar las políticas sociales anunciadas en los últimos días, buscando llegar a quienes están en situación extrema. Este el caso del  un millón y medio de personas que llevan más de un año sin empleo. Buena parte de ellas, sin ningún tipo de ayuda.

Esta ayuda es de vital importancia para un colectivo que ya sufría antes del coronavirus, fruto de la crisis económica. Ahora la situación se recrudece, muchas de estas personas no reciben prestación o ayuda alguna la situación de confinamiento hace prácticamente imposible encontrar trabajo.


A finales del mes de Marzo, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de personas inscritas como desempleadas fue de 3.548.312, lo que es un aumento del 9,31%, con respecto al mes anterior, esto es 302.265 personas. En poco más de dos semanas. Desde que comenzó el confinamiento en las casas por el COVID-19,  la caída del empleo no ha tenido precedentes, hay casi 900.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social. En este golpe laboral, no se suman los 620.00 afectados por ERTE ya procesados por los servicios públicos.

Si no hay cambios de última hora, los próximos días el Gobierno anunciará la aprobación de esta renta mínima temporal destinada a personas con ingresos bajos o sin ingresos, que no pueden beneficiarse de las ayudas aprobadas hasta para la emergencia del coronavirus.

Por parte de Assat50, consideramos esta ayuda será insuficiente,  y apoyamos una Renta Básica Incondicional para el conjunto de la población, se trata de una prestación social a través del cual se garantiza el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, con el fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad. El economista Daniel Raventós, considera que la medida que propone el gobierno será insuficiente, presidente de la Red Renta Básica  y editor de Sin Permiso, aboga por una renta básica universal hasta final de año, es decir, un ingreso incondicional pagado por el Estado a cualquier ciudadano que lo solicite. Raventós, Defiende su viabilidad y apuesta por poner la política económica "al servicio de la mayoría de la población".

Las ayudas aprobadas que el gobierno son:

Vivienda y  alquileres: para vivienda habitual una prórroga extraordinaria y automática de seis meses en que venzan durante el estado de alarma. Tampoco se podrá subir el precio del alquiler durante ese periodo (para evitar subidas abusivas) y aquellas personas que tengan problemas para hacer frente al pago de sus alquileres podrán pedir microcréditos a seis años prorrogables otros cuatro más.

Se amplían también las condiciones de acceso de inquilinos a los programas de microcréditos, a interés cero a devolver hasta en 10 años, y el Estado asumirá la deuda si se mantiene la vulnerabilidad, se podrán acoger a estas ayudas todas las personas que se hayan visto afectadas por un ERTE o autónomos, que hayan sufrido una reducción de jornada o caída de ingresos, que hayan perdido su trabajo por la crisis y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM.

Los grandes arrendatarios, como los fondos de inversión, deberán elegir entre cobrar la mitad de la renta o restructurar la deuda a plazos.

Los grandes propietarios y fondos de inversión, deberán permitir una quita de la deuda del inquilino del 50% o bien de una reestructuración de dicha deuda en dos o tres años.

Los trabajadores que se queden en paro o pierdan una parte sustancial de sus ingresos (al menos el 40 %) y los empresarios cuyas ventas se desplomen podrán aplazar el pago de sus hipotecas hasta el 3 de mayo. La moratoria sólo se aplica para la vivienda habitual.

Además, se paralizan los desahucios por alquiler sin alternativa habitacional hasta seis meses después de que haya finalizado el estado de alarma, los contratos se renovarán automáticamente por medio año si caducan ahora.

Se prohíbe el corte de suministros: Luz, agua o gas, suministros considerados esenciales, durante el estado de alarma. Si hasta entonces la medida afectaba a los ciudadanos más vulnerables, ahora se amplía a todas las viviendas de España. Para las personas vulnerables se prorroga en bono social de forma automática hasta el 15 de septiembre,ial para los beneficiarios pendientes de renovar la solicitud. El descuento en la factura eléctrica puede llegar al 40 %.

Avales: El Gobierno aprobó el 24 de marzo la puesta en marcha de un primer tramo de avales de 20.000 millones para garantizar la liquidez de las empresas más afectadas por el Covid-19. La mitad de ese importe servirá para garantizar nuevos préstamos a pymes y autónomos. La línea de avales entró en vigor el lunes 6 de abril. Los empresarios piden que se amplíe la cuantía hasta 50.000 millones.

ERTE: Es más fácil presentar un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) pero las empresas se comprometen a mantener el empleo seis meses después de retomar la actividad si han sido exoneradas de las cotizaciones sociales (de un 75 al 100 %). Las de menos de 50 trabajadores no tendrán que pagar las cotizaciones. Trabajo aceptará los ERTE presentados antes del real decreto por causa de fuerza mayor relacionada con el coronavirus. También podrán acogerse a estas condiciones los negocios con un sólo trabajador.

Reducción de jornada: La Seguridad Social compensará el pago de los salarios a los trabajadores que tengan que quedarse en casa o reducir su jornada para cuidar familiares. Una de las primeras medidas que ha perdido fuerza tras la avalancha de ERTEs en todo tipo de empresas.

Medidas para autónomos:

Moratoria en el pago de las hipotecas, para autónomos también de los locales y oficinas.

Moratoria en el pago de luz, agua, gas para autónomos y Pymes. 

Moratoria en el pago en los créditos al consumo para personas en situación de vulnerabilidad. 

Moratoria para el pago de cuotas en los días trabajados durante el mes de marzo. 

Moratoria de seis meses sin intereses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos y Pymes (Pequeñas y medianas empresas), y el aplazamiento del pago de las deudas de la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 -no habrá interés si no tenían deudas previas al estado de alarma-. Los autónomos podrán solicitar la devolución de las cuotas por los días no trabajados de marzo.

Cualquier autónomo que haya visto interrumpida o reducida su actividad de forma intensa tiene derecho a una prestación que al menos va a llegar a 950 euros." Más de 50.000 autónomos han solicitado ya la prestación extraordinaria creada para este colectivo por la crisis del coronavirus.

En general, las empresas siguen obligadas a pagar a tiempo las cotizaciones y deben dar de alta y de baja a los trabajadores en la Seguridad Social pese al estado de alarma y la saturación de los Servicios Públicos de Empleo. 

Violencia de género: se garantiza alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia machista. También se considera servicio esencial la atención a las personas víctimas de explotación sexual.

Empleadas de hogar: Subsidio extraordinario por desempleo temporal, con una cuantía que corresponde al 70% de la base de cotización, al que se pueden acoger las empleadas domésticas que durante el estado de alarma se hayan quedado sin empleo o tengan horas de trabajo más reducidas, por lo que es compatible con mantener parte de la actividad laboral.

Permiso recuperable: El Gobierno decretó la paralización de la economía en sectores no esenciales del 30 de marzo al 9 de abril. Tras el parón de la Semana Santa, este lunes se reanuda la actividad en las comunidades autónomas en las que no es festivo. La construcción vuelve con limitaciones, no se trabaja en obras de rehabilitación y reforma. Los trabajadores que se han quedado en casa siguen cobrando el sueldo gracias a un permiso retribuido, pero tendrán que recuperar las horas antes de que acabe este año.

Paro: Durante el periodo de alarma, el retraso en presentar una prestación por desempleo o una reanudación "no reducirá la duración del derecho a la prestación". Si un autónomo quiere cobrar el paro tendrá que estar al corriente del pago de las cotizaciones o regularizarlas en el plazo de 30 días.

Los trabajadores temporales que no dispongan de la cotización necesaria para recibir algún tipo de prestación o cuyo contrato finalice durante el estado de alarma podrán solicitar un subsidio de desempleo de 440 euros, el 80% del Iprem.

 Publicidad: Se prohibe la publicidad del juego online: Durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma no se podrá emitir publicidad del juego online, para evitar que las casas de apuestas "hagan negocio con el malestar y la ansiedad" de los ciudadanos.

 Créditos al consumo: Moratoria de tres meses ampliables en el pago de todo préstamo o crédito al consumo para aquellos ciudadanos vulnerables económicamente.

Agencias de viajes: Para proteger al consumidor se ha establecido que las deben facilitar un bono para aquellos que hayan visto sus viajes cancelados. Si no se utiliza, se tendrá que devolver la cantidad desembolsada. Una medida que afecta también a los hoteles y otras empresas, que deberán ofrecer alternativas a sus clientes.

Agricultores: Los parados, trabajadores con subsidio agrario, renta agraria o con prestación por desempleo podrán trabajar en el campo sin perder el paro, según un real decreto del Gobierno. También los extranjeros a los que se les renovará el permiso de trabajo si finalizan antes del 30 de junio, y a los jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años a los que se les expedirá el permiso de trabajo. 

Los agricultores que pidieron préstamos para afrontar la sequía de 2017 podrán pactar con los bancos un año de carencia y prolongar el periodo de amortización. El Ministerio asumirá el coste de los avales. Las solicitudes se pueden presentar en los próximos cuatro meses.

Planes de pensiones: Los autónomos que hayan cesado su actividad por el coronavirus y las personas afectadas por un ERTE podrán rescatar las aportaciones realizadas a los planes de pensiones para aliviar sus necesidades de liquidez.

Compras: Los plazos para devolver compras se interrumpen mientras dure el estado de alarma tanto para adquisiciones presenciales como por internet. Habitualmente los productos se pueden devolver en un mes. El plazo volverá a contar cuando termine el estado de alarma. Se protege al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios cuya ejecución sea imposible por la pandemia.

I+D+I: Frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, las instituciones públicas de ciencia, tecnología e innovación podrán establecer jornadas laborales extraordinarias. Estas horas extra se compensarán con el complemento de productividad o mediante gratificaciones.

El Ministerio de Ciencia concederá créditos extraordinarios al Instituto de Salud Carlos III para necesidades excepcionales (más de 25 millones de euros) y al CSIC (4,4 millones).

Más plazo para pagar impuestos: El plazo de los procedimientos tributarios ya iniciados se extenderá hasta el 30 de abril, y los que se vayan a abrir se alargan hasta el 20 de mayo. Los intereses de demora se seguirán devengando con los plazos ampliados, así que es conveniente pagar cuanto antes.

Problemas de liquidez: Ante la posibilidad de que algunas empresas tengan problemas de liquidez para efectuar los ingresos de determinadas autoliquidaciones, la Agencia Tributaria va a adaptar su operativa. Así las empresas que se acojan al mecanismo de liquidez que ofrece el decreto no recibirán apremios por impago de impuestos mientras no les llegue la línea de financiación.

Quiebras: Las empresas en quiebra no tienen la obligación de declararse en concurso de acreedores. Habrán de transcurrir dos meses desde que acabe estado de alarma para que los jueces puedan admitir a trámite estas solicitudes de concurso necesario. Alemana también ha tomado esta medida.

Juntas de accionistas: Las empresas cotizadas que tendrían que celebrar sus juntas de accionistas a finales de junio, dispondrán de cuatro meses más, hasta finales de octubre. Además, el Gobierno permite celebrarlas de forma telemática por el coronavirus, aunque no se contemple en los estatutos sociales de las compañías.

 Obra pública: En el caso de que se paralicen los proyectos de obra pública por culpa de la pandemia, el concesionario “podrá restablecer el equilibrio económico mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato".

Coste económico: El Gobierno estima en unos 5.000 millones de euros el gasto de las medidas adicionales al paquete de liquidez de 200.000 millones de euros,  117.000 millones públicos y el resto privados, que articula el real decreto. Es el caso de los ERTE y el resto de medidas no financieras.

Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50

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