Un informe de la Comisión Europea cuestiona la eficiencia
del sistema español de prestaciones sociales.
Sustancial rapapolvo a España. En un informe publicado el
viernes, la Comisión Europea reprocha a España la escasa eficiencia de su
sistema de transferencias sociales. Hasta el punto de que, según el estudio de
Bruselas, España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos
ayudan a las rentas bajas. El motivo: en proporción a la riqueza del país, hay
pocas ayudas para reducir la pobreza. El Gobierno considera que estos datos no
son fieles a la realidad, al no incluir las prestaciones en especie que suponen
la educación y la sanidad, gratuitas y bastante generosas en comparación con el
resto de Europa.
Bruselas vuelve a la carga. Y esta vez no es por el
incumplimiento de las metas de déficit público. Ahora hay una nueva agenda
social sobre la mesa. Todavía existen muchas heridas que restañar fruto de la
crisis. El crecimiento ayuda a sanarlas. Pero el crecimiento también hace más
patente la desigualdad: mientras que los trabajadores cualificados mejoran sus
condiciones laborales, los poco formados ven como el amplio número de parados
sigue presionando a la baja sobre sus salarios. Pese a tratarse de la región
del mundo con los mayores sistemas del bienestar, la nueva agenda europea que
impulsa la Comisión busca asegurar el reparto de la prosperidad y, por ende,
atajar los populismos. Así surge una nueva exigencia europea, una nueva vara de
medir distinta del déficit o la deuda. Y según esta, España vuelve a ser un
alumno rezagado.
En un documento publicado a finales del año pasado con datos
de 2016, el Ejecutivo comunitario ya propinó un tirón de orejas a España,
situándola a la cabeza de la desigualdad por renta de la UE. Ahora, en un
informe divulgado el viernes, ahonda en la misma línea con cifras tomadas de
toda una década: entre 2004 y 2014. Bajo el epígrafe La efectividad de la
política fiscal en reducir la desigualdad de rentas en la UE: ¿Qué dicen los
datos?, el informe concluye: “En la mayoría de los países miembros las
transferencias sociales están en gran parte destinadas a las decilas bajas [en
este caso una decila es dividir la población en función de sus ingresos en diez
grupos, siendo el primer grupo el que menos renta tiene y el décimo el que
más]. La decila inferior gana más de las transferencias sociales en Reino Unido
e Irlanda y menos que en ningún otro país en Italia y España”. Evidentemente,
esto es en términos relativos y no absolutos, es decir: en proporción a los
ingresos que genera cada país.
Según los expertos, el motivo de este pésimo comportamiento
de España radica en que el Estado español recauda poco en comparación con la
media europea y, para colmo, sus impuestos son poco progresivos: “Los tipos
efectivos suben poco conforme crecen las rentas”, dice Jorge Onrubia, investigador
de Fedea. Otros analistas apuntan que las dos principales prestaciones, las de
paro y pensiones, se reconocen en función de lo que se ha cotizado y no de la
necesidad que se tenga. Es decir, cuanto más se ha trabajado y cobrado, más se
recibe del sistema. Por el contrario, existen pocas ayudas directamente
dirigidas a combatir la pobreza, ayudar a las familias o dar acceso a la
vivienda. Además, las ayudas sociales han sido entregadas a las comunidades
autónomas y, en consecuencia, no son homogéneas y crean desigualdades entre
territorios, afirma Onrubia. En conclusión, hay pocos recursos y se dedican más
a los que ya tienen. Como explica el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós,
“los gobiernos han demostrado una enorme sensibilidad ante las demandas de
todos los grupos sociales”. Es más: el estudio de la Comisión toma la población
por decilas y observa cuánto recibe cada decila en transferencias sociales y
cuánto aporta en impuestos directos, tributos a la riqueza y cotizaciones
exclusivamente del trabajador. El resultado en los países europeos más
avanzados se resume en que, por lo general, las decilas más ricas son
contribuyentes netos, esto es, aportan más que reciben. Y las decilas más
pobres reciben más de lo que dan y, por tanto, son receptoras netas. En España
sucede algo insólito: solo la décima decila, la de los más ricos, es
contribuyente neta. La decila nueve se queda a cero y ni recibe ni da en
términos netos. El resto, las otras ocho, son todas receptoras netas del
sistema. De los países de la UE, esto solo ocurre en Portugal, Francia,
Bulgaria y Hungría. En estos países casi todos los grupos reciben. El sistema
se ha construido políticamente a fuerza de repartir entre todos. Y eso explica
que haya poca redistribución. Si además se tiene en cuenta que la recaudación
en España no es elevada según los estándares comunitarios, entonces el
corolario es que, como apunta la Comisión, las rentas bajas españolas son las
que menos se benefician del sistema.
De acuerdo con el estudio, entre 2004 y 2014 España se sitúa
en torno a la media europea si se mide la desigualdad con el índice de Gini
solo por ingresos de mercado, esto es, privados. Queda en el puesto 16 de la
UE. En cambio, retrocede al puesto 22 cuando se mide la desigualdad una vez se
cuentan las transferencias públicas. O lo que es lo mismo, las políticas
públicas en España hacen menos por reducir la desigualdad que en otros países
europeos.
Fuentes de la Administración explican que esta clasificación
de Bruselas no tiene en cuenta las transferencias en especie que se brindan en
educación y sanidad. El sistema sanitario en especial presenta una cartera de
servicios muy generosa y sin copagos. Y eso precisamente ayuda mucho más a las
rentas bajas. Además, un estudio de BBVA alega que en España la desigualdad se
reduce bastante a la hora de consumir gracias a las ayudas entre familiares.
Una fiscalidad mal
concebida
Un problema de España es en que concede demasiadas
reducciones, deducciones, exenciones y bonificaciones que dejan la recaudación
como un queso Gruyère. Según los expertos, resulta por ejemplo más eficiente no
poner un IVA reducido a los productos básicos del que también se benefician las
rentas altas. Es mejor que todos paguen el IVA no reducido y con esa mayor
recaudación ayudar directamente a las rentas más bajas, según explica José
Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Complutense.
La Comisión destaca que la UE es la región del mundo donde
más se logra reducir la desigualdad. Eso sí, el Ejecutivo comunitario pone
límites a estas políticas: no deben poner en peligro las finanzas públicas y
deben diseñarse bien para no generar incentivos perversos como que los
trabajadores prefieran irse al desempleo.
FUENTE: El País
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