El colectivo de personas desempleadas mayores de 45 años,
además de sufrir la lacra del paro de larga duración, cobraran menos en su
jubilación, especialmente a las que se les agotan las prestaciones por
desempleo, las ayudas y los subsidios.
La penalización es primero por la jubilación anticipada
(actualmente y según los casos esta puede ser a los 61 o a los 63), se pierde
alrededor de un 20 % de la pensión, y la segunda por un cálculo hecho sobre una
parte de la vida laboral (los últimos 15 años) en la que pesan los años en
paro, con cotizaciones muy bajas o nulas.
Es necesaria una modificación del sistema de pensiones, para
que llegado el momento se cobre una jubilación que permita vivir dignamente,
después de haber pasado unos años en un paro obligatorio, precariedad e
inseguridad laboral.
Actualmente el sistema de pensiones se base en los ingresos
y gastos (los ingresos vienen de los cotizantes, y los gastos las personas que
cobran las pensiones), el problema actual es que con la crisis (paro,
precariedad, bajos salarios y contratos 'basura'), los ingresos por
cotizaciones no son suficientes para cubrir los gastos.
Los Pactos de Toledo establecieron una distinción en el
sistema público de pensiones, las pensiones no contributivas serían financiadas
vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras, que las contributivas lo
harían mediante las cotizaciones sociales.
Vicenç Navarro y Juan Torres López en su libro "Lo que
tienes que saber para que no te roben la pensión", publicado a finales del
2013 por Espasa, como expertos en economía y políticas públicas, exponen los
datos y razones que explican cómo el sistema público de pensiones en España es
perfectamente sostenible. Al tiempo que denuncian cómo detrás de todo el
discurso catastrofista sobre su insostenibilidad se esconde el interés de
bancos y aseguradoras por hacer negocio con los fondos privados de pensiones.
Recientemente Valeriano Gómez, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, ex ministro de Trabajo, y los profesores de la
Universidad Autónoma. Borja Suárez Corujo y Santos M. Ruesga, han escrito
el libro "¿Cobraremos la
pensión?", en la presentación de este, Valeriano expuso que España tiene derecho a tener un sistema de
revalorización de las pensiones en base a la Constitución, la "cuestión
fundamental" es evitar mediante una nueva reforma la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones "porque si no es así, en los próximos diez o
quince años el poder de compra se puede reducir en un veinticinco o un o treinta
por ciento".
Por su parte, para Santos M. Ruesga, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, coautor del libro, es necesario
que se dote de más fondos al sistema, el mantenimiento del sistema público de
pensiones, lo que es una cuestión política. Para él, las pensiones públicas
"se pueden pagar perfectamente" siempre que se afronte cuanto antes
una reforma fiscal que permita recurrir menos al endeudamiento. Para este autor la situación del sistema de
pensiones ya no es solo un problema demográfico a largo plazo, porque lo que ha
llevado a su situación deficitaria ha sido una fuerte caída del empleo y una
evolución a la baja de las bases de cotización y los salarios. El sistema de
pensiones es "sostenible", pero es necesario un mayor esfuerzo y
compromiso social para mantenerlo, contrariamente a esto lo que se hace es
difundir una política del miedo en torno al asunto.
Para el presidente del Consejo Económico y Social (CES),
Marcos Peña, lo importante es que haya voluntad política, compromiso y respeto,
y que no se tenga miedo "a la reforma permanente", puesto que el
sistema se tiene que ir adaptando a continuas modificaciones.
Según datos de Eurostat, el gasto de pensiones en relación
al PIB en España fue de un 11,4% en 2012 (en 2016, además, ese porcentaje
descendió al 10,4%), por debajo de trece países de la UE15, siendo Francia
(14,9%) e Italia (16,1) los que dedican más presupuesto. Luego es falso que
España gaste mucho en pensiones. Incluso a la altura de 2050, según Eurostat,
el gasto del Estado español igualaría al actual de Francia (un 14%).
Después de trabajar durante gran parte de la vida tenemos
derecho a percibir una pensión digna, y disfrutar de los medios necesarios para
vivir dignamente. También lo tienen las personas que estando en búsqueda activa
de empleo, no lo encuentran (por lo que no pueden trabajar) y con ello tampoco
cotizar, para estas es necesaria una prestación decente, que cotice hasta la fecha de la jubilación, o
bien cuando con 55 años o más se está en paro y no se encuentra trabajo, y se tienen 35
o más años cotizados, se pase directamente a la jubilación.
Las pensiones son un derecho consagrado en los artículos 41 y 50 de la Constitución, la Jubilación es un derecho constitucional, irrenunciable, junto a la educación, la sanidad y la atención a las personas dependientes, son uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar y no tiene sentido que para el gobierno la sostenibilidad del sistema público de pensiones sea un tema recurrente en tiempos de crisis, como hemos visto hay propuestas para solucionar el problema y es necesario que el gobierno trabaje para que se pongan en marcha, en lugar de cómo hemos visto lanzar mensajes catastrofistas sobre el asunto.
Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50
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