Según el documento “El valor de la empresa en la sociedad
actual”, presentado el 15 de Noviembre 2017, elaborado por el Clúster Erice
para la Cámara de España, es necesario implantar un ecosistema razonable,
competitivo y justo que permita el desarrollo de empresas para crear empleo a
los niveles de los países del entorno y mejorar los salarios para sostener el
estado de bienestar”, según declaró el presidente de Agbar, Ángel Simón,
durante la presentación de este.
Hay que busca instrumentos para apoyar a las empresas, y en
particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de
promover el desarrollo económico nacional, de manera que se fomente su creación, su desarrollo, su
consolidación, su viabilidad, su productividad, la competitividad y la
sustentabilidad así como la inversión productiva que permita generar más y
mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y más y
mejores emprendedores.
Las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), y el empleo
autónomo (autoempleo) conforman la base
sobre la que se sustenta el sistema económico y ocupacional en España, en 2012
según datos del Ministerio de Industria, las PYMEs suponen el 99,8% del tejido
empresarial, y suponen el 63% de los puestos de trabajo. No darles apoyo es
como tirar piedras en el propio tejado, ya que para reducir las cifras del
paro, las Pymes tienen mucho que aportar.
1. Estimular
la contratación y reducir urgentemente los índices de paro.
2. Fomentar
y apoyar nuevas vías de financiación, alternativas a las tradicionales.
3. Aumentar
las políticas de I+D en todos los sectores de actividad empresarial.
4. Eliminar las trabas burocráticas.
5. Mejorar
el régimen jurídico del Autónomo y garantizar sus derechos.
6. Reducir la presión fiscal.
7. Implementar medidas de conciliación laboral.
8. Mayor transparencia y honestidad.
9. Promover la captación de talento y acabar con
la “fuga de cerebros”.
10. Acabar
con la corrupción.
Sobre la precariedad y la pobreza,189 países miembros de las Naciones Unidas
acordaron conseguir para el año 2015, ocho propósitos son los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Tratan el desarrollo humano y se fijaron en el año 2000, tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales.
Tratan el desarrollo humano y se fijaron en el año 2000, tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales.
Los títulos de los ocho objetivos, son:
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
El único no marcado con ninguna fecha era el
octavo, ya que para muchos debería estar cumpliéndose.
Naciones Unidas presentó en el 2014 un informe sobre el cumplimiento del ODM, con un balance excesivamente optimista. Si bien el proceso ha generado muchos aspectos positivos, especialmente en los países del Sur, lo que ha permitido una mejor conciencia de los gobiernos y la opinión pública, orientando más adecuadamente la fijación de prioridades y posibilitando mejoras notorias en muchos países, en la reducción de la pobreza, en educación y en sanidad.
Los ODM han sido un primer paso importante, pero es preciso fijar objetivos diferenciados entre países en los que las necesidades básicas son las prioritarias, y países que han alcanzado buena parte de esos objetivos y se enfrentan a otros retos que tienen que ver más con la fragilidad institucional, el desempleo estructural, la dependencia financiera o la debilidad del Estado.
En lo que se refiere a España, las cifras del paro bajan, pero el empleo que se genera es precario. Son imprescindibles medidas contra la precariedad y por la recuperación de los salarios, que pueden ser de apoyo a las empresas, subir progresivamente el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros/mes, recuperar la negociación colectiva, desincentivar el uso abusivo de la temporalidad. Poner en marcha medidas para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza, como la Renta Garantizada que ya existe en el País Vasco o Navarra y en Catalunya (aquí con una aplicación aún lenta). Es necesario que crezca el empleo, para que mejoren las condiciones de vida y la inclusión social.
Además son necesarias medidas para las personas en paro mayores de 45 años, que pueden pasar por un Itinerario Personalizado de Recuperación para el empleo y otro de Reinserción, en base a las necesidades de las empresas, además de trabajar para que se valores la experiencia y el talento en los puestos de trabajo, ya que de los 3.412.781 personas en paro (datos Sepe de Diciembre 2017), el 49,7% (1.634.264 personas) tienen 45 o más años, y el 36,3% (1.240.197) tiene más de 50 años. Se trata de un colectivo muy vulnerable, que en gran parte tienen cargas familiares e hipotecarias, cuya situación actual es precaria y su futuro es muy preocupante.
Naciones Unidas presentó en el 2014 un informe sobre el cumplimiento del ODM, con un balance excesivamente optimista. Si bien el proceso ha generado muchos aspectos positivos, especialmente en los países del Sur, lo que ha permitido una mejor conciencia de los gobiernos y la opinión pública, orientando más adecuadamente la fijación de prioridades y posibilitando mejoras notorias en muchos países, en la reducción de la pobreza, en educación y en sanidad.
Los ODM han sido un primer paso importante, pero es preciso fijar objetivos diferenciados entre países en los que las necesidades básicas son las prioritarias, y países que han alcanzado buena parte de esos objetivos y se enfrentan a otros retos que tienen que ver más con la fragilidad institucional, el desempleo estructural, la dependencia financiera o la debilidad del Estado.
En lo que se refiere a España, las cifras del paro bajan, pero el empleo que se genera es precario. Son imprescindibles medidas contra la precariedad y por la recuperación de los salarios, que pueden ser de apoyo a las empresas, subir progresivamente el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros/mes, recuperar la negociación colectiva, desincentivar el uso abusivo de la temporalidad. Poner en marcha medidas para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza, como la Renta Garantizada que ya existe en el País Vasco o Navarra y en Catalunya (aquí con una aplicación aún lenta). Es necesario que crezca el empleo, para que mejoren las condiciones de vida y la inclusión social.
Además son necesarias medidas para las personas en paro mayores de 45 años, que pueden pasar por un Itinerario Personalizado de Recuperación para el empleo y otro de Reinserción, en base a las necesidades de las empresas, además de trabajar para que se valores la experiencia y el talento en los puestos de trabajo, ya que de los 3.412.781 personas en paro (datos Sepe de Diciembre 2017), el 49,7% (1.634.264 personas) tienen 45 o más años, y el 36,3% (1.240.197) tiene más de 50 años. Se trata de un colectivo muy vulnerable, que en gran parte tienen cargas familiares e hipotecarias, cuya situación actual es precaria y su futuro es muy preocupante.
María Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Junta Assat50
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